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La Inquisición en España

La Inquisición es un producto de la intolerancia religiosa, que juzga a la herejía como un mal a extirpar, tanto en beneficio de los mismos herejes, que están fuera de la que se considera religión verdadera y salvífica, como de la mejor convivencia de los súbditos en la sociedad política.

Precedente de la Inquisición española fue la Inquisición medieval o romana, creada por el papado en el siglo XIII para perseguir las herejías surgidas en el sur de Francia y norte de Italia. Esta Inquisición medieval, confiada a frailes dominicos, se extendió por buena parte de Europa, haciéndose presente en la Península Ibérica en la Corona de Aragón. Se llamó así, Inquisición, porque su figura principal, el inquisidor, no solo juzga sino que además investiga o inquiere las manifestaciones de la herejía.

En España, la convivencia de los creyentes de las tres religiones (cristianos, moros y judíos) se hizo más y más difícil en la Edad Media. Especial virulencia tuvieron las relaciones de judíos y cristianos, causa de un doble problema: el de los propios judíos como minoría que conservaba su religión, y el de los judíos conversos (o falsos conversos). El primer problema fue juzgado como irresoluble, decretándose la expulsión de los judíos en 1492. Para resolver el segundo, el de los falsos conversos, los Reyes Católicos pidieron al papa Sixto IV la introducción de la Inquisición, lo que tuvo lugar por bula de 1 de noviembre de 1478.

Instaurada la Inquisición en Castilla, pasó luego a la Corona de Aragón y a las posesiones españolas en el Mediterráneo y en América (donde no era aplicable a los indios). Ahora bien, a diferencia de la Inquisición romana, de naturaleza estrictamente religiosa, la española fue de naturaleza mixta, con interferencias del poder secular, y que actuó a veces por motivaciones políticas (proceso de Antonio Pérez, el secretario de Felipe II). A la cabeza de la Inquisición estaba el Inquisidor General, propuesto por el rey y nombrado por el papa, que presidía el Consejo de la Suprema, organismo del que dependía toda la red de tribunales. En cada uno de ellos había inquisidores (juristas o teólogos), calificadores (que dictaminaban la ortodoxia o heterodoxia), secretarios y otros oficiales, además de unos colaboradores laicos llamados familiares del Santo Oficio.

Tras los edictos de gracia o de fe, que anuncian las herejías e instan a los fieles al arrepentimiento, un proceso cualquiera se inicia por una denuncia. Apresado el reo, queda aislado en la cárcel sin que se le comunique, por razones de seguridad, quién le acusa y de qué , lo que se concretará durante la instrucción del caso. Hace así acto de presencia la característica quizás más reprobable de la Inquisición: el secreto. En el proceso podía utilizarse la tortura (que también utilizaban los tribunales seculares). El reo podía aportar testigos en su favor y rechazar aquellos que consideraba parciales por ser sus enemigos.

La sentencia pone fin al proceso. Ocasionalmente tiene lugar el llamado auto de fe, gran espectáculo público de aquella Inquisición secreta. Las sentencias condenatorias daban lugar a que el reo fuera penitenciado, reconciliado o quemado en la hoguera. Los penitenciados debían abjurar de sus errores, abjuración que era llamada de levi en los casos de menor importancia, y de vehementi en los más graves. Las penas eran principalmente el uso del sambenito (o traje penitencial), los azotes, la cárcel, las galeras, y la ejecución en la hoguera para los no arrepentidos o para los relapsos, es decir, los reincidentes en materia grave. La ejecución era llevada a cabo por las autoridades seculares, a quienes el Santo Oficio relajaba o entregaba las víctimas.

Creada para hacer frente al peligro de los falsos conversos, la Inquisición amplió luego su actividad a perseguir otras manifestaciones de la heterodoxia, y en concreto el protestantismo. Por otra parte, como en cualquier desviación de la conducta, delito o pecado, es posible que exista una deformación doctrinal (el que se vuelve a casar porque no cree que el matrimonio sea indisoluble; el fornicario, según se le llamaba, que no cree que la unión sexual de personas solteras sea pecado, etc.), la Inquisición, en su pretensión de atacar la heterodoxia, se hizo presente en los más diversos campos de la vida social. Vigiló así a místicos y beatas; entró en los terrenos de la moral sexual; persiguió a los blasfemos; censuró la literatura y el teatro, y en su última etapa se las vio con jansenistas y masones.

¿Fue la Inquisición, como tantas veces se ha dicho, un tribunal de exterminio que produjo un holocausto fruto del fanatismo religioso? Sin justificar ni un solo haz de leña encendida, ni el menor de los sufrimientos de quienes perecieron fieles a sus convicciones o por la barbarie de los demás, hay que puntualizar que la Inquisición no llegó a ejecutar a un 2% de los acusados que cayeron en sus manos. Los investigadores más recientes han calculado que, tras los años de descontrol del siglo XV, durante los siglos XVI y XVII perecieron en la hoguera unas 600 personas, es decir, tres por año en todos los territorios de la monarquía, porcentaje evidentemente inferior al de los tribunales estatales de justicia. En el XVIII la Inquisición se convirtió más bien en un tribunal de censura de libros. Esos datos deben verse además en el contexto de las represiones religiosas del Antiguo Régimen en Europa, y tener en cuenta que la caza de brujas provocó en Alemania e Inglaterra centenares de miles de víctimas, y que en la Francia revolucionaria de fines del XVIII fueron ejecutadas más de treinta mil personas.

En el tránsito del XVIII al XIX los ilustrados defendieron la abolición de la Inquisición, tema que fue llevado a las Cortes de Cádiz donde dio lugar a un enconado debate en el que los abolicionistas hicieron uso de dos argumentos principales: la custodia de la ortodoxia correspondía a los obispos y no a la Inquisición; el procedimiento inquisitorial, por el secreto, era anticonstitucional. Así un decreto de 22 de febrero de 1813 suprimió la Inquisición. Restablecida y nuevamente abolida con los vaivenes absolutistas y liberales del reinado de Fernando VII, fue definitivamente suprimida por decreto de 15 de julio de 1834.

Como reflexión final digamos que, afirmado hoy en la Iglesia el principio de libertad religiosa, y en el Estado los derechos humanos fundamentales, la existencia de la Inquisición constituye una lección histórica de la que hay que aprender, de cara al futuro, el respeto a la dignidad y conciencia del hombre, y el afán de concordia civil.

José Antonio Escudero Académico de las Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación